Reacciones diversas generó a nivel local la información publicada por Diario El Llanquihue, en su edición de este miércoles, en relación a que el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, fue citado a declarar como imputado en las causas que investiga de manera desformalizada la fiscal Myriam Pérez por presunto enriquecimiento ilícito y por las irregularidades denunciadas en torno a la licitación de la construcción de la pileta de “Aguas Danzantes”.
Tanto el diputado por el distrito 26, Alejandro Santana, como el excandidato a alcalde por Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, se mostraron expectantes y esperanzados de que el Ministerio Público agilice la investigación de los hechos denunciados y que sus resultados sean pronto conocidos por todos los puertomontinos.
Al respecto, el actual candidato a Consejero Regional por Llanquihue, Rodrigo Wainraihgt Galilea, manifestó que “esto demuestra que no era una persecución política, tal como lo planteó el alcalde en tiempo de campaña. Esto demuestra que es una investigación seria que está llevando adelante la Fiscalía y que todos los puertomontinos esperamos que se aclare. Así como los recursos que hoy día están pendientes en educación, más de 3 mil millones de pesos. Los puertomontinos queremos exigir conocer dónde están esos recursos, así que lo más importante es que estas instituciones funcionen y que esta investigación siga su curso, porque queremos conocer sus resultados, ya que son hechos graves los que se le están imputando al alcalde”, enfatizó.
Wainraihgt se mostró de acuerdo con la decisión del ente persecutor de separar las causas que lleva adelante por presunto enriquecimiento ilícito como por las irregularidades en la licitación de la pileta, pues consideró que “son hechos distintos, que configuran delitos distintos, y en ese sentido espero también que se le dé una mayor agilidad a la investigación por parte de la fiscalía”, expresó el abogado.
En el mismo sentido se pronunció el diputado Alejandro Santana, quien consideró que “por tratarse de hechos de gravedad, de eventuales delitos, que afectan la probidad pública, deben ser investigados acuciosamente por el Ministerio Público y tenemos la confianza que, de dicha indagatoria objetiva, la comunidad de Puerto Montt podrá por fin sacar sus propias conclusiones”.
El parlamentario por la Región de Los Lagos consideró asimismo que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) debiera hacerse parte como querellante en la causa, toda vez que si existe presunción de que recursos públicos fueron mal utilizados, este organismo debe por obligación hacerse presente para velar por el resguardo de los fondos de todos los chilenos”, recalcó.
